El proyecto fue iniciativa del gobernador Axel Kicillof y consiste en  suspender la ejecución de desalojo y  cortes de servicios públicos por falta de pago, a las empresas recuperadas de toda la provincia.

Esta nueva ley busca proteger a las empresas que hayan sido recuperadas por sus trabajadores y forma parte de las políticas provinciales de “acompañamiento y estímulo al movimiento cooperativo bonaerense”. La iniciativa había avanzado en la Cámara de Diputados el 16 de marzo pasado y hoy obtuvo sanción definitiva en el Senado.

La ley de emergencia otorga principalmente facilidades tarifarias y financieras para este tipo de compañías que hayan contraído deudas y suspende la ejecución de sentencias de desalojo, remates de bienes y cortes de servicios. Además, declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló  que “la declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer asistencia y el trato diferencial que requieren las empresas cooperativas”.

De acuerdo con el registro publicado en 2020 por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay más de 400 empresas recuperadas en el país, de las cuales al menos 70 están en la provincia de Buenos Aires y muchas de ellas se encuentran en riesgo de quiebre continuo.